El barrilito también

Por Erick Barinas

Felicito al honorable Presidente del Senado de la República, Dr. Reinaldo Pared Pérez, por su iniciativa en procura de eliminar las exoneraciones de impuestos abiertas sobre vehículos de motor que actualmente les concede el Estado Dominicano a todos los legisladores.

Semejante beneficio no se justifica si se toma en cuenta los cuantiosos recursos económicos que reciben los legisladores tanto por vía de salarios de lujo, viáticos, dietas y demás beneficios, como por vía del irritante barrilito.

Juan Bolívar Díaz detallaba recientemente en un artículo los cuantiosos recursos económicos que recibían los legisladores por concepto del tristemente célebre e irregular barrilito.

Esas sumas millonarias que reciben los congresistas en algunas ocasiones se destinan a programas de ayuda, pero la mayoría de las veces se utilizan para subsidiar el clientelismo político y campañas electoralistas.

Así tenemos que hay senadores que han recibido más de 16 millones de pesos del Presupuesto de la Cámara Alta y no se sabe a ciencia cierta a donde han ido a parar esos recursos.

Esa es una muestra de lo mal que se gastan y dispendian los impuestos que pagamos todos los ciudadanos sin distinción política.

Todos esos recursos perfectamente se pueden canalizar y especializar directamente a las comunidades que los necesitan a través de programas de becas, programas de salud, construcción de escuelas, hospitales, bibliotecas y acueductos, entre muchas otras obras de interés social y comunitario.

Si en verdad se quiere mejorar la calidad de la democracia dominicana y de los funcionarios electivos que deberán representar a la ciudadanía en el Congreso Nacional, el barrilito debe de eliminarse.

La función de los legisladores resulta ser muy clara según la Constitución de la República. En ninguna parte de la Carta Magna ni de ninguna ley, se establece que los congresistas deberán recibir y administrar fondos públicos.

La función legislativa es esencialmente la de elaborar y aprobar las leyes, incluyendo la Ley Anual de Ingresos y Gastos Públicos que habrá de ejecutar el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos y descentralizados.

De manera que la función del Congreso fundamentalmente es deliberativa respecto de las leyes y resoluciones que debe aprobar, y fiscalizadora respecto del ejercicio de ejecución del presupuesto nacional y del cumplimiento del propio ordenamiento jurídico por parte de las instituciones del Estado.

Así como el uso de las exoneraciones de vehículos de motor se ha convertido en un auténtico abuso de los recursos públicos, igualmente ocurre en la mayoría de los casos con los fondos que se canalizan a través de los odiosos barrilitos.

El Congreso Nacional tiene pues una oportunidad histórica para transparentar su funcionamiento y legitimar su gestión ante el país y el pueblo dominicano. Eliminando las exoneraciones y el barrilito, y abocándose a trabajar en la modificación de los códigos más importantes de la nación, como son el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, Código de Procedimientos Civil y el Código de Comercio, entre otros, así como en la derogación y actualización de decenas de leyes obsoletas que datan de los tiempos de Trujillo y aún del período de la Invasión Norteamericana de 1916 a 1924.

El autor es abogado