Libertad de expresión y censura

Por Erick Barinas

En algunos de nuestros más connotados medios de comunicación se ejerce ocasionalmente la censura bajo los argumentos más insólitos y pueriles.

Se adoptan supuestos pruritos que no admiten el más mínimo y equilibrado examen a la luz de los preceptos que adornan el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento y al ejercicio democrático y libre que debe primar en la dirección de los mismos.

Debería llamar a preocupación que actitudes como esas obedezcan a veces a un ejercicio arbitrario, prejuiciado, tendenciado y antidemocrático en la dirección de algunos medios escritos, radiales y televisivos reconocidos de la República Dominicana.

La censura que se ejerce por presiones políticas o empresariales, o por simple animadversión personal o discrepancia política o intelectual, contrasta con las poses que se asumen públicamente en defensa del derecho a la libertad de expresión y difusión de pensamiento del más obsceno, abyecto, inmoral y dañino ejercicio de opinión pública del país.

Pena y vergüenza ajena da el hecho de que algunos medios reconocidos dediquen primeras planas y amplios reportajes en defensa del derecho a la libertad de expresión de un señor de apellido Fadul, de Santiago de los Caballeros, cuyos epítetos y expresiones difamatorias y subversivas vertidas a través de un medio televisivo en contra del Jefe del Estado y de casi todos los ministros del gobierno, lejos de defenderse y justificarse, debería ser objeto de sometimiento judicial y repudio público.

Al tiempo que desde esos medios se expresa cínica preocupación y alarma para defender el derecho a la libertad de expresión de semejante exponente de la comunicación social, simultáneamente hacia lo interno de ellos se asumen medidas de censura retrógradas e impresentables en contra de columnistas y comunicadores serios, respetables, honorables, responsables y comprometidos con una sociedad mejor y un ejercicio de opinión pública independiente y valioso.

El autor de éste artículo no es dado a escandalizar y a llevar al plano público experiencias personales, pero todo el que ejerce opinión pública con sentido de responsabilidad sabe muy bien que el ejercicio cívico requiere y obliga algunas veces a la narración y denuncia de episodios propios que ilustren las ideas y los criterios que se defienden, dado que estos sirven para advertir al lector y a la opinión pública sobre determinados problemas, vicios y abusos que se cometen en nuestro medio en contra de quienes ejercemos nuestro derecho constitucional y humano de expresarnos públicamente.

De ahí que por conocimiento de causa conocemos muy bien cuando determinadas posiciones públicas en defensa de la libertad de expresión no son más que una pose revestida de incoherencia, inconsistencia y desfachatez.

Un medio de comunicación dirigido con responsabilidad, coherencia y sentido democrático no puede publicar un editorial condenando el abuso que se cometió contra el periodista Rubio Blondi, por parte del presidente del Comisionado de Béisbol, Dr. Leonardo Matos Berrido, cuando desde el mismo medio se actúa con la misma ligereza e intolerancia que el victimario que se denuncia.

Esa doblez manifiesta en lo que respecta a un derecho tan sagrado y trascendente como el de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, resulta ser repulsiva y peligrosa para el ejercicio de las libertades públicas, toda vez que los principios y preceptos constitucionales no deben ni pueden aplicarse subjetivamente, con sentido del oportunismo, y con visos de doble moral, sino que deben asumirse como un compromiso y una obligación permanente en todos los medios de comunicación que pretendan tener autoridad suficiente a la hora de ejercer la disciplina en los casos de la comisión de algún exceso en el ejercicio periodístico, así como para poder ejercer la crítica y la denuncia en los casos de censura, amenazas, amedrentamiento o chantaje en contra de los comunicadores, periodistas e intelectuales.

Y es que, lamentablemente, también se actúa de manera irresponsable y antidemocrática cuando desde la dirección de un medio periodístico se le otorga licencia a algunos columnistas de reconocida filiación partidaria para que ejerzan la crítica frontal, llegando muchos de ellos al dicterio, el insulto, la calumnia y la difamación casi cotidiana en contra del Jefe del Estado y del gobierno, y en cambio a otros se les coarta y censura su derecho a la libertad del expresión esgrimiendo nimiedades y razones insulsas.

Por suerte los lectores dominicanos tenemos, en su mayoría, un fino olfato que nos permite apreciar muy bien cuando determinados medios asumen posiciones públicas dudosas y contradictorias con relación a las decisiones que asumen a lo interno de sus propios fueros.

Asimismo, los lectores concientes también reconocemos cuando un columnista o comunicador ha ejercido y ejerce una labor social y cívica seria, responsable y positiva a favor de la sociedad y de la elevación y adecentamiento del debate público en nuestro país.

Los ciudadanos dominicanos conocemos quienes ejercen opinión pública de manera sectaria y parcializada para obtener prebendas y favores económicos, políticos y personales, y quienes lo hacemos pensando en aportar ideas y promover valores que contribuyan al desarrollo democrático, político, cultural, social e institucional de nuestra nación.

Y esa es la mayor satisfacción que puede recibir cualquier articulista, escritor y comunicador en un medio tan permeado por la deshonestidad, la falsía y la mediocridad.

El autor es abogado.

(Publicado en Al Momento.Net el 7 de abril de 2010).