Leonel Fernández y la reelección indefinida
Por Erick Barinas
La reelección presidencial indefinida equivale a autoritarismo, despotismo, sectarismo, corrupción, división y dictadura, con o sin respaldo popular.
Una reelección presidencial consecutiva con alternancia de un período presidencial de cuatro años para un expresidente poder repostularse, o en cambio la prohición de la reelección consecutiva por el período de cuatro años subsiguiente, tal como lo establece la Constitución de la República actual, si son mecanismos que pueden contribuir a la estabilidad política y al sistema democrático.
La reelección presidencial indefinida o sin límites impide el surgimiento de nuevos liderazgos y la consolidación de la institucionalidad democrática, así como la implementación de ideas y políticas públicas renovadas.
La centralización y concentración del ejercicio del poder, el endiosamiento de un líder o caudillo, el clientelismo parasitario, el populismo y el anquilosamiento estatal, constituyen algunos de los vicios y aberraciones que se generan y ensanchan con la reelección presidencial indefinida.
Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en el Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Joaquín Balaguer en la República Dominicana, constituyen algunos ejemplos de ello, aunque sus respectivos ejercicios gubernamentales y sus rasgos personales revistan matices distintos.
El fin del régimen de Fujimori terminó abruptamente cuando desde el poder se fraguó un movimiento que pretendía perpetuarlo en la presidencia de ese país vulnerando los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución, luego de éste haber agotado dos períodos presidenciales consecutivos.
Carlos Menem ha terminado su carrera política sometido a la justicia y sumido en el desprestigio por sus pretensiones continuistas más allá de dos períodos consecutivos.
Carlos Andrés Pérez, luego de dos períodos gubernamentales, estuvo sometido a acusaciones de corrupción luego de su salida del poder, y el resquebrajamiento del sistema partidario venezolano dio origen al régimen autoritario y continuista de Hugo Chávez. Vivió y murió exiliado.
De estos ejemplos, sólo el Dr. Joaquín Balaguer se libró de terminar en la cárcel, procesado por corrupción en la justicia o en el exilio, entre otras razones porque la crisis electoral de 1994 trajo consigo una modificación constitucional que lo sacó de la Presidencia de la República, aunque su apoyo al Dr. Leonel Fernández determinó el triunfo de éste en una segunda vuelta electoral y lo blindó de posibles represalias políticas.
Sin embargo, la historia política nacional y latinoamericana registra el período de gobierno de los doce años del Dr. Balaguer como uno de los más sangrientos, corruptos y antidemocráticos que se haya suscitado en la República Dominicana y el hemisferio, a pesar de las obras de infraestructura importantes y los programas sociales que se llevaron a cabo en ese lapso de tiempo.
Lo que ocurrió en las elecciones de 1978 ha sido uno de los episodios político electorales más ilustrativos y traumáticos de cuanto sucede en una nación cuando un gobernante se aferra a continuar en el ejercicio del poder más allá de lo que aconseja la dinámica de un sistema democrático institucional auténtico.
Y es que al intentar un cuarto período de gobierno consecutivo, las fuerzas militares que apoyaban al extinto caudillo reformista asaltaron la Junta Central Electoral cuando advirtieron que su derrota en las urnas se había producido, sumiendo al país en una crisis de proporciones internacionales que tuvo que ser resuelta mediante negociaciones y pactos no institucionales y bajo la presión de gobiernos de potencias extranjeras que exigieron el respeto a la voluntad popular.
Casi al borde de la guerra civil el país pudo finalmente respirar aires democráticos puros con el ascenso a la jefatura del Estado de don Antonio Guzmán Fernández, quien pudo asumir la presidencia gracias a la presión de gobiernos como el de Jimmy Carter de Estados Unidos y Francois Mitterrand de Francia, no obstante haber obtenido una victoria electoral convincente.
Lo que se planteaba en estos momentos con un movimiento que pretendía llevar al presidente Leonel Fernández hacia un tercer período presidencial consecutivo, bien pudiera analizarse a la luz de acontecimientos y circunstancias políticas similares, pasadas y recientes, que se han producido en América Latina y en el país.
Así, aunque en la República Dominicana no contamos con el desarrollo democrático-institucional de Colombia, el caso reciente del presidente Álvaro Uribe pudiera servir de referente para el análisis en tanto se trató de un mandatario que hizo una gestión de gobierno auspiciosa en muchos aspectos, y que, con una popularidad enorme en el pueblo colombiano, no pudo sin embargo repostularse para un tercer período consecutivo en virtud de una sentencia del tribunal constitucional que éste tuvo que respetar.
Igual ejemplo ha sido el de Michelle Bachelet en Chile, que no obstante su gran respaldo popular y carisma, no intentó cambiar el ordenamiento constitucional para poder obtener una tercera repostulación consecutiva, pasando a la historia como una líder y estadista prestigiosa con credenciales democráticas acrisoladas e indiscutibles.
Fernando Henríquez Cardoso y Luis Ignacio Lula Da Silva, por igual han sido líderes ilustres que han contribuido con el fortalecimiento democrático e institucional del Brasil, al no haber intentado perpetuarse en el poder más allá de dos períodos de gobierno, no obstante haber sido presidentes sumamente populares y prestigiosos tanto nacional e internacionalmente.
Así se podrían citar otros tantos ejemplos de jefes de Estado que han sabido actuar con prudencia y sentido democrático al propiciar la consolidación de las instituciones políticas establecidas en los textos constitucionales, y constituyéndose en verdaderas luminarias de la democracia política internacional y latinoamericana.
Para no ir muy lejos, bastaría con rememorar el caso de un líder de categoría mundial como Nelson Mandela, quien pudo gobernar Sudáfrica de manera vitalicia por su enorme prestigio y popularidad luego de la abolición del apartheid, su posterior excarcelación, y su gestión de gobierno ampliamente valorada en su pueblo y en todas partes del mundo, y sin embargo declinó mantenerse en el poder y contribuir con la democracia y el avance institucional de su país.
En la República Dominicana, la grandeza histórica y política de Juan Bosch estriba, entre otras razones, en haber promulgado la avanzadísima Constitución de 1963, así como por su respeto indiscutible por las libertades públicas y las instituciones democráticas.
Su gran legado político se simboliza en haber fundado y organizado los dos grandes partidos políticos que hoy día constituyen el sostén fundamental de la democracia dominicana, esto sin haber permanecido en el solio presidencial más de siete meses. El sentido patriótico de Bosch fue mucho mayor que sus intereses personales, y esas virtudes le evitaron un baño de sangre al pueblo dominicano tanto en 1965 como en la crisis electoral de 1990.
No hay que olvidar que el autor de Composición Social Dominicana también fue capaz de incorporar la prohibición de la reelección presidencial en la Constitución, luego de haber ganado unos comicios con el sesenta y dos por ciento de los sufragios, constituyéndose así en el más notable referente de un presidente elegido que desde el poder demostró no tener mayores ambiciones que la de servir desinteresadamente a la democracia de su pueblo.
Ahora bien, así como personalmente entendemos que una reelección presidencial consecutiva puede resultar provechosa para el desarrollo del país, igualmente rechazamos los aprestos que pretendieron conducir a la República Dominicana por el camino de una nueva reforma constitucional con el único propósito de que el presidente Leonel Fernández pudiera repostularse y reelegirse por un tercer período consecutivo y quizás de manera indefinida.
Nada más parecido al error histórico garrafal que cometió el presidente Hipólito Mejía cuando sus fuerzas congresionales modificaron la Constitución de la República con el propósito exclusivo de que pudiera repostularse y reelegirse.
En aquella oportunidad criticamos públicamente esa reforma constitucional del año 2002, no por satanizar la reelección presidencial per se, si no porque al igual que en ésta coyuntura un sector político pretendió imponer la reelección del presidente sobre la base de una reforma constitucional espúrea que fue más allá de la prudencia y del espíritu y la dinámica democrática e institucional.
El presidente Leonel Fernández ha hecho un gobierno ampliamente valorado por la sociedad dominicana, y a diferencia del año 2000, ésta vez saldrá del poder conservando el control del Senado de la República y de una buena parte de las demás instancias y organismos públicos, así como un liderazgo consolidado y caudaloso con perspectivas de volver a llevarlo a ocupar la primera magistratura del Estado dentro de cuatro años, incluso cabiendo la posibilidad de que un compañero de su partido sea quien le suceda en la jefatura del Estado.
De ahí que valoremos como lo más saludable para la democracia dominicana la decisión del presidente Fernández de no aventurarse a propiciar una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostularse para un tercer período gubernamental consecutivo.
Si se hubiese insistido en ese propósito reformando la Carta Magna, posiblemente hubiera obtenido nueva vez el poder, pero su partido se hubiese dividido, su imagen histórica y liderazgo se hubiesen afectado, y probablemente sus posibilidades políticas futuras hubiesen disminuido notablemente.
La inteligencia política, la prudencia y la sensatez primaron en la decisión tomada por el presidente Leonel Fernández, y con ello se evita que el país corra el riesgo de ser sometido a tensiones agudas innecesarias y tal vez a crisis políticas graves como las de 1978, 1990 y 1994, generadas por las sempiternas ambiciones balagueristas.
Lo más importante de la decisión del presidente Fernández es que no se jugó una vez más con la Constitución de la República y con la estabilidad política e institucional de la nación como en el año 2002, y se actuó en cambio con equilibrio y sentido patriótico en ésta coyuntura histórica del pueblo dominicano.
El respeto a la Carta Magna, a la paz social y a la estabilidad democrática institucional, tantas veces vulnerados y conculcados por figuras políticas ambiciosas y caudillistas, se colocaron esta vez por encima de los intereses partidarios, grupales y personales, tal como en su momento lo han hecho grandes estandartes de la historia democrática nacional, latinoamericana y mundial.
Desde esta modesta tribuna, le extiendo mis felicitaciones al presidente Leonel Fernández por su sabia y atinada decisión, que de seguro será valorada en su justa dimensión por el pueblo dominicano y por los historiadores veraces e imparciales.
El autor es abogado. ( Publicado en Almomento.net el 14 de abril de 2011).
La reelección presidencial indefinida equivale a autoritarismo, despotismo, sectarismo, corrupción, división y dictadura, con o sin respaldo popular.
Una reelección presidencial consecutiva con alternancia de un período presidencial de cuatro años para un expresidente poder repostularse, o en cambio la prohición de la reelección consecutiva por el período de cuatro años subsiguiente, tal como lo establece la Constitución de la República actual, si son mecanismos que pueden contribuir a la estabilidad política y al sistema democrático.
La reelección presidencial indefinida o sin límites impide el surgimiento de nuevos liderazgos y la consolidación de la institucionalidad democrática, así como la implementación de ideas y políticas públicas renovadas.
La centralización y concentración del ejercicio del poder, el endiosamiento de un líder o caudillo, el clientelismo parasitario, el populismo y el anquilosamiento estatal, constituyen algunos de los vicios y aberraciones que se generan y ensanchan con la reelección presidencial indefinida.
Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en el Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Joaquín Balaguer en la República Dominicana, constituyen algunos ejemplos de ello, aunque sus respectivos ejercicios gubernamentales y sus rasgos personales revistan matices distintos.
El fin del régimen de Fujimori terminó abruptamente cuando desde el poder se fraguó un movimiento que pretendía perpetuarlo en la presidencia de ese país vulnerando los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución, luego de éste haber agotado dos períodos presidenciales consecutivos.
Carlos Menem ha terminado su carrera política sometido a la justicia y sumido en el desprestigio por sus pretensiones continuistas más allá de dos períodos consecutivos.
Carlos Andrés Pérez, luego de dos períodos gubernamentales, estuvo sometido a acusaciones de corrupción luego de su salida del poder, y el resquebrajamiento del sistema partidario venezolano dio origen al régimen autoritario y continuista de Hugo Chávez. Vivió y murió exiliado.
De estos ejemplos, sólo el Dr. Joaquín Balaguer se libró de terminar en la cárcel, procesado por corrupción en la justicia o en el exilio, entre otras razones porque la crisis electoral de 1994 trajo consigo una modificación constitucional que lo sacó de la Presidencia de la República, aunque su apoyo al Dr. Leonel Fernández determinó el triunfo de éste en una segunda vuelta electoral y lo blindó de posibles represalias políticas.
Sin embargo, la historia política nacional y latinoamericana registra el período de gobierno de los doce años del Dr. Balaguer como uno de los más sangrientos, corruptos y antidemocráticos que se haya suscitado en la República Dominicana y el hemisferio, a pesar de las obras de infraestructura importantes y los programas sociales que se llevaron a cabo en ese lapso de tiempo.
Lo que ocurrió en las elecciones de 1978 ha sido uno de los episodios político electorales más ilustrativos y traumáticos de cuanto sucede en una nación cuando un gobernante se aferra a continuar en el ejercicio del poder más allá de lo que aconseja la dinámica de un sistema democrático institucional auténtico.
Y es que al intentar un cuarto período de gobierno consecutivo, las fuerzas militares que apoyaban al extinto caudillo reformista asaltaron la Junta Central Electoral cuando advirtieron que su derrota en las urnas se había producido, sumiendo al país en una crisis de proporciones internacionales que tuvo que ser resuelta mediante negociaciones y pactos no institucionales y bajo la presión de gobiernos de potencias extranjeras que exigieron el respeto a la voluntad popular.
Casi al borde de la guerra civil el país pudo finalmente respirar aires democráticos puros con el ascenso a la jefatura del Estado de don Antonio Guzmán Fernández, quien pudo asumir la presidencia gracias a la presión de gobiernos como el de Jimmy Carter de Estados Unidos y Francois Mitterrand de Francia, no obstante haber obtenido una victoria electoral convincente.
Lo que se planteaba en estos momentos con un movimiento que pretendía llevar al presidente Leonel Fernández hacia un tercer período presidencial consecutivo, bien pudiera analizarse a la luz de acontecimientos y circunstancias políticas similares, pasadas y recientes, que se han producido en América Latina y en el país.
Así, aunque en la República Dominicana no contamos con el desarrollo democrático-institucional de Colombia, el caso reciente del presidente Álvaro Uribe pudiera servir de referente para el análisis en tanto se trató de un mandatario que hizo una gestión de gobierno auspiciosa en muchos aspectos, y que, con una popularidad enorme en el pueblo colombiano, no pudo sin embargo repostularse para un tercer período consecutivo en virtud de una sentencia del tribunal constitucional que éste tuvo que respetar.
Igual ejemplo ha sido el de Michelle Bachelet en Chile, que no obstante su gran respaldo popular y carisma, no intentó cambiar el ordenamiento constitucional para poder obtener una tercera repostulación consecutiva, pasando a la historia como una líder y estadista prestigiosa con credenciales democráticas acrisoladas e indiscutibles.
Fernando Henríquez Cardoso y Luis Ignacio Lula Da Silva, por igual han sido líderes ilustres que han contribuido con el fortalecimiento democrático e institucional del Brasil, al no haber intentado perpetuarse en el poder más allá de dos períodos de gobierno, no obstante haber sido presidentes sumamente populares y prestigiosos tanto nacional e internacionalmente.
Así se podrían citar otros tantos ejemplos de jefes de Estado que han sabido actuar con prudencia y sentido democrático al propiciar la consolidación de las instituciones políticas establecidas en los textos constitucionales, y constituyéndose en verdaderas luminarias de la democracia política internacional y latinoamericana.
Para no ir muy lejos, bastaría con rememorar el caso de un líder de categoría mundial como Nelson Mandela, quien pudo gobernar Sudáfrica de manera vitalicia por su enorme prestigio y popularidad luego de la abolición del apartheid, su posterior excarcelación, y su gestión de gobierno ampliamente valorada en su pueblo y en todas partes del mundo, y sin embargo declinó mantenerse en el poder y contribuir con la democracia y el avance institucional de su país.
En la República Dominicana, la grandeza histórica y política de Juan Bosch estriba, entre otras razones, en haber promulgado la avanzadísima Constitución de 1963, así como por su respeto indiscutible por las libertades públicas y las instituciones democráticas.
Su gran legado político se simboliza en haber fundado y organizado los dos grandes partidos políticos que hoy día constituyen el sostén fundamental de la democracia dominicana, esto sin haber permanecido en el solio presidencial más de siete meses. El sentido patriótico de Bosch fue mucho mayor que sus intereses personales, y esas virtudes le evitaron un baño de sangre al pueblo dominicano tanto en 1965 como en la crisis electoral de 1990.
No hay que olvidar que el autor de Composición Social Dominicana también fue capaz de incorporar la prohibición de la reelección presidencial en la Constitución, luego de haber ganado unos comicios con el sesenta y dos por ciento de los sufragios, constituyéndose así en el más notable referente de un presidente elegido que desde el poder demostró no tener mayores ambiciones que la de servir desinteresadamente a la democracia de su pueblo.
Ahora bien, así como personalmente entendemos que una reelección presidencial consecutiva puede resultar provechosa para el desarrollo del país, igualmente rechazamos los aprestos que pretendieron conducir a la República Dominicana por el camino de una nueva reforma constitucional con el único propósito de que el presidente Leonel Fernández pudiera repostularse y reelegirse por un tercer período consecutivo y quizás de manera indefinida.
Nada más parecido al error histórico garrafal que cometió el presidente Hipólito Mejía cuando sus fuerzas congresionales modificaron la Constitución de la República con el propósito exclusivo de que pudiera repostularse y reelegirse.
En aquella oportunidad criticamos públicamente esa reforma constitucional del año 2002, no por satanizar la reelección presidencial per se, si no porque al igual que en ésta coyuntura un sector político pretendió imponer la reelección del presidente sobre la base de una reforma constitucional espúrea que fue más allá de la prudencia y del espíritu y la dinámica democrática e institucional.
El presidente Leonel Fernández ha hecho un gobierno ampliamente valorado por la sociedad dominicana, y a diferencia del año 2000, ésta vez saldrá del poder conservando el control del Senado de la República y de una buena parte de las demás instancias y organismos públicos, así como un liderazgo consolidado y caudaloso con perspectivas de volver a llevarlo a ocupar la primera magistratura del Estado dentro de cuatro años, incluso cabiendo la posibilidad de que un compañero de su partido sea quien le suceda en la jefatura del Estado.
De ahí que valoremos como lo más saludable para la democracia dominicana la decisión del presidente Fernández de no aventurarse a propiciar una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostularse para un tercer período gubernamental consecutivo.
Si se hubiese insistido en ese propósito reformando la Carta Magna, posiblemente hubiera obtenido nueva vez el poder, pero su partido se hubiese dividido, su imagen histórica y liderazgo se hubiesen afectado, y probablemente sus posibilidades políticas futuras hubiesen disminuido notablemente.
La inteligencia política, la prudencia y la sensatez primaron en la decisión tomada por el presidente Leonel Fernández, y con ello se evita que el país corra el riesgo de ser sometido a tensiones agudas innecesarias y tal vez a crisis políticas graves como las de 1978, 1990 y 1994, generadas por las sempiternas ambiciones balagueristas.
Lo más importante de la decisión del presidente Fernández es que no se jugó una vez más con la Constitución de la República y con la estabilidad política e institucional de la nación como en el año 2002, y se actuó en cambio con equilibrio y sentido patriótico en ésta coyuntura histórica del pueblo dominicano.
El respeto a la Carta Magna, a la paz social y a la estabilidad democrática institucional, tantas veces vulnerados y conculcados por figuras políticas ambiciosas y caudillistas, se colocaron esta vez por encima de los intereses partidarios, grupales y personales, tal como en su momento lo han hecho grandes estandartes de la historia democrática nacional, latinoamericana y mundial.
Desde esta modesta tribuna, le extiendo mis felicitaciones al presidente Leonel Fernández por su sabia y atinada decisión, que de seguro será valorada en su justa dimensión por el pueblo dominicano y por los historiadores veraces e imparciales.
El autor es abogado. ( Publicado en Almomento.net el 14 de abril de 2011).
Comentarios
Publicar un comentario