Delincuencia e inseguridad ciudadana

Hay que tener un alto nivel de irresponsabilidad cívica y desvergüenza personal para decir que el incremento de la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana es un problema de “percepción”, cuando el recrudecimiento de los robos, los asesinatos, los atracos, los secuestros, el narcotráfico y la violencia ocupan diariamente la atención de todos los medios de comunicación del país.

Pero si esto no fuera suficiente, bastaría con recabar la opinión de los ciudadanos que residen en los sectores más privilegiados de los principales centros urbanos del país, así como en los barrios más populosos, para escuchar de viva voz cuál es la peligrosísima realidad social que se está viviendo en la sociedad dominicana.

Sólo los altos funcionarios de la nación, quienes tienen a su disposición seguridad personal permanente con militares y policías, y los empresarios y profesionales que pueden pagar los servicios de seguridad privada, pueden hoy día sentirse seguros cuando desarrollan sus actividades y transitan por los calles de Santo Domingo y otras ciudades importantes del país.

Lo que ha ocurrido en Arroyo Hondo, por ejemplo, sector donde residí por más de treinta años y que se caracterizaba por su tranquilidad y seguridad, ha obligado a que muchas calles por las que antes se podía transitar libremente, hayan sido cerradas por sus residentes con portones gigantescos, viéndose en la necesidad de edificar “garitas” que alojen los guardianes de seguridad que han debido de contratarse para una vigilancia de 24 horas.

Al transitar por Camino Chiquito de Arroyo Hondo, se puede observar cómo prácticamente en cada cuadra de la avenida se han debido construir estos portones en las entradas de las calles adyacentes, para que sólo las personas que residan en ese cuadrante, o que se identifiquen y expliquen a la casa que van a visitar allí, puedan entrar por la calle que comunica a esas residencias. La explicación a esas odiosas medidas no es otra que la cantidad de robos y atracos a mano armada que se han producido a todas horas del día y la noche.

Como en Arroyo Hondo, Naco, Piantini, Evaristo Morales, Bella Vista, Gascue, y muchos otros sectores y barrios, han sido azotados por la ola de delincuencia y criminalidad.

Por ello, ya no hay apartamento, por lo menos aquí en Santo Domingo, no importa el nivel en que se encuentre, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo piso o más arriba,  cuyos propietarios no se vean obligados a cubrir con hierros sus balcones y ventanas, y hasta su puerta principal a pesar de que el condominio cuente con seguridad privada permanente o exista un destacamento policial cercano.

Aparte de los hierros que asemejan las viviendas a verdaderas cárceles, las familias que residen en apartamentos y casas han tenido que instalar servicios de alarma, comprar perros guardianes y adquirir armas de fuego, para su protección personal, de su familia y de sus propiedades.

Ahora bien, si se quiere hacer un análisis serio, objetivo y sobre todo productivo e integral sobre el fenómeno criminal en la República Dominicana, se tiene que partir de premisas ciertas, científicas, y desprovistas de apasionamientos y enfoques partidaristas y politiqueros.

En primer lugar, la Policía Nacional, con sus excepciones compuestas por oficiales e investigadores profesionales y honestos, es una institución que no cuenta con un personal adiestrado para realizar las labores de prevención y persecución de los delincuentes y criminales, porque entre otras razones, sus miembros no cuentan con la remuneración adecuada ni con la capacitación ni con los recursos necesarios, para ser lo suficientemente eficientes en su tarea de preservar la seguridad ciudadana, dado que el crimen organizado no sólo ha logrado penetrar los cuerpos armados, sino que cuenta muchas veces con medios logísticos superiores.

Desde los tiempos de Trujillo, y así permanece todavía hoy día, la Policía Nacional es un organismo ampliamente politizado y con mecanismos institucionales muy débiles y corrompidos. Todavía allí los rangos y los ascensos se obtienen no en base al mérito personal de cada oficial, sino obedeciendo a descendencias familiares, amiguismos, y enllavaduras con el poder político de turno, salvo honrosas excepciones.

Por su parte, la implementación del Código Procesal Penal ha implicado el desapoderamiento jurídico procesal de los actos de los agentes policiales en los procesos de persecución penal y criminal. Para muchos jueces y fiscales, el Código Procesal Penal anula toda validez de los actos de la Policía Nacional, no importa las circunstancias ni el hecho de que a un criminal se le haya apresado in fraganti.

Conforme a la nueva normativa, la Policía únicamente está para cuando el Ministerio Público requiera de sus servicios como fuerza pública y para patrullar.  Procesalmente, el testimonio de un policía – que se supone tenga fe pública -,  no cuenta como medio probatorio conforme a los postulados del Código Procesal Penal y sus defensores.

La reincidencia y la flagrancia no tienen ningún significado legal en nuestro país, no conlleva ninguna agravante en el proceso penal vigente. La cantidad de criminales y delincuentes con amplios prontuarios delictivos que han sido puestos en libertad, constituye el mejor indicador de cuál es el estado de inmoralidad o amoralidad que impera en nuestra justicia penal.

Cada vez que ha sucedido una escalada criminal que sacude a la opinión pública, se pide y exige desde todos los ámbitos de la vida nacional que se modifique el Código Procesal Penal en los aspectos que tiende a favorecer y a proteger el fenómeno criminal.

Entre estas voces se encuentra la del propio Presidente de la República, a quien se ha “desobedecido”, o se ha ignorado desde su propio gobierno y desde el Congreso Nacional, por cuanto no se ha procedido a revisar y modificar el referido Código Procesal Penal, no obstante los clamores que han surgido desde todos los estratos de la vida nacional.

Algo parecido ha ocurrido con el Código Penal Dominicano, cuya revisión y modificación ha sido ampliamente debatida, por cuanto se requiere que en el mismo se incluyan nuevos tipo penales, se aumenten las penas respecto de los crímenes atroces, se inserte el principio de cúmulo de penas que prevalece en los Estados Unidos, Puerto Rico y tantos otros sistemas procesales penales avanzados del mundo, y se establezcan medidas claras respecto de la reincidencia, los crímenes in fraganti, el narcotráfico, la corrupción pública, la evasión fiscal y el sicariato, entre otros fenómenos de naturaleza criminal.

Y es que indudablemente ha faltado voluntad política desde el gobierno y de todos los partidos con representación congresional para aprobar estas modificaciones e impulsar definitivamente un plan de seguridad ciudadana efectivo que no conlleve la restricción de las libertades públicas y de comercio. También ha habido mucha venalidad e irresponsabilidad judicial en el tratamiento de los expedientes correccionales y criminales.

La solución al fenómeno criminal no puede ser afrontado con una política de “sálvense quien pueda”, ni restringiendo el horario de los comercios y adoptando medidas paliativas coyunturales. Tiene que ser abordado en sus causas reales procurando que cese la impunidad judicial generalizada del crimen, la delincuencia y la corrupción.

La Policía Nacional hay que reformarla de arriba abajo, dotándola de recursos logísticos y tecnológicos adecuados para prevenir y combatir el crimen y la delincuencia, institucionalizando sus mecanismos de selección, adiestramiento, ascenso y retiro de su personal remunerando apropiadamente a sus miembros, al tiempo que se deben establecer controles burocráticos y procedimientos administrativos idóneos y transparentes que sean fiscalizados permanentemente por la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, así como instituyendo un estricto sistema ético y disciplinario en sus filas.

Se deben edificar nuevos centros policiales en diversos puntos claves de la ciudad capital y de las provincias del interior, en los peajes y  cerca de las costas, y se debe ordenar el incremento de la presencia policial en los centros comerciales y los sectores más urbanizados y poblados, al tiempo que se deben instalar cámaras de seguridad en las principales avenidas y carreteras del país e iluminar las mismas.

Respecto al Código Penal y al Código Procesal Penal urge su modificación por parte del Congreso Nacional a los fines de que, entre otros objetivos, cuando se cometan determinados crímenes y delitos graves y repulsivos, no sea la libertad provisional la medida que impere, si no la prisión preventiva, y de que la reincidencia, la flagrancia y otras circunstancias agravantes, tengan el peso legal que deben tener en cualquier procedimiento de naturaleza penal y criminal.

Se debe implementar una política que tienda a desincentivar la proliferación de las armas de fuego, sobre todo el uso ilegal y el porte de las mismas, con medidas drásticas que incluya el pago de multas elevadas y hasta la prisión cuando el caso lo amerite. En Puerto Rico y otros países, únicamente los jueces están facultados legalmente para otorgar permisos para el uso de armas de fuego, luego de agotarse un riguroso procedimiento que incluye diversas pruebas y certificación de no antecedentes penales, entre otros estrictos requerimientos y evaluaciones.

Igualmente, se deben erradicar de una vez y para siempre los privilegios que tienen determinados reclusos, los cuales en los casos del uso de celulares, no hacen más que trasladar el fenómeno criminal hasta los propios centros penitenciarios y dirigir desde allí sus operaciones y fechorías.

En definitiva, el crimen y la delincuencia se podrán controlar y disminuir con la adopción de medidas efectivas, drásticas e inteligentes que hagan posible prevenir los actos delictivos y la violencia, pero también que logren sancionar con ejemplaridad y contundencia los hechos criminales.

Sólo así, con políticas efectivas, claras y firmes, en ciudades y urbes otrora peligrosas como Nueva York, ha sido posible lograr bajar los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana que prevalecieron durante años.

El autor es abogado. 
(Publicado en AlMomento.Net el 25 de septiembre de 2011)