Hackeo, allanamientos y poses

Muy pocas veces en mí vida he visto el programa “Aeromundo”, ya que me merece muy poca credibilidad su productor y conductor, que más que periodista y comunicador, todo el mundo sabe que se trata de un vocero de una de nuestras parcelas políticas.

Para nadie es un secreto que así como el partido oficial tiene sus “bocinas”, como les llama el pueblo, en los medios de comunicación, el productor de “Aeromundo” ha sido y es una de las más connotadas bocinas del Jorgeblanquismo y de un sector del partido blanco, lo que debe llevar a la ciudadanía sensata y responsable que escuche, lea o vea sus medios de comunicación, a tomar con pinzas todo cuanto salga de su pluma y de su boca.

Como la mayoría de los dominicanos, desconocía de la existencia del diario digital Siglo XXI y quien era su propietario. Luego del allanamiento de que fuera objeto, ahora sabemos de su existencia y por supuesto que dicho periódico digital es dirigido por otro connotado vocero del PRD, el periodista Radhamez Gómez Sánchez, hijo de don Radhamez Gómez Pepín, director de El Nacional, otro furibundo cuadro del partido blanco.

De manera que con esas informaciones no es difícil darse cuenta por donde andan los tiros, pudiéndose sacar varias conclusiones de lo que ha venido aconteciendo en torno al affaire que tiene como figura central al señor Guillermo Gómez.

Primero, que los reportajes que fueron publicados y que estarían por publicarse en el diario digital de su propiedad, Siglo XXI, más que informar, obviamente tienen como objetivo político esencial minar la credibilidad del gobierno, de sus funcionarios y de sus dirigentes políticos en medio de la presente campaña electoral haciendo denuncias rimbombantes y escandalosas de dudosa veracidad.

En segundo lugar, en razón del poder económico de que dispone el señor Gómez, de sus tradicionales compromisos partidarios y de los medios de inteligencia que se le atribuyen, tiene sentido darle crédito a la denuncia de hackeo como fuente de recolección de información para la realización de los referidos reportajes y denuncias.

Y es que si las informaciones obtenidas para hacer sus denuncias revelan por sí mismas que han sido “hackeadas” cuentas de correo electrónico y/o cuentas bancarias no sólo de funcionarios públicos sino de cualquier persona o institución, se estaría en presencia de graves delitos e infracciones atentatorias contra el derecho a la intimidad y al secreto bancario, entre otros derechos resguardados por las leyes cuya vulneración conlleva serias penalidades judiciales.

Las investigaciones que se llevan a cabo y los hallazgos que pudieran aparecer en los allanamientos practicados determinarán la veracidad o no de la denuncia de espionaje y hackeo.

Mientras el proceso de investigación sigue su curso, conviene precisar y aclarar que el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento en cualquier país civilizado y democrático tiene sus límites legales, éticos y morales.

La obtención de información por mecanismos ilegales y fraudulentos constituye uno de los valladares establecidos y sancionados por las leyes nacionales y los propios instrumentos jurídicos internacionales.

Recientemente el Tribunal Supremo de España sentó jurisprudencia al condenar a una periodista que hizo un reportaje utilizando cámaras ocultas, independientemente de si la información obtenida tuviese o no relevancia pública.

Es preciso establecer también que un allanamiento no constituye en sí mismo un mecanismo que atenta contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento, siempre y cuando el mismo se realice cumpliendo con las disposiciones procesales correspondientes y atendiendo a una denuncia o querella previa que guarde relación directa con el propósito del allanamiento, que no debe ser otro que el de recopilar pruebas o evidencias sobre el ilícito denunciado para el sustento de una acusación o sometimiento.

De ahí que las declaraciones del director de El Nacional sobre el referido allanamiento, tildándolo de “balaguerada” y de “atentado a la libertad de expresión”, no es más que una pose motivada por sus vínculos familiares y partidarios, porque muchos de los que hemos colaborado con El Nacional bajo su dirección, sabemos muy bien que en ese importante medio se practica la censura de columnistas como en ningún otro medio de comunicación escrito del país.

Como se ve, en nuestra nación el debate sobre la libertad de expresión adquiere tintes de doble moral dependiendo del color partidarista y de los intereses con que se midan los acontecimientos.

Muchos de los que en nuestro país se auto proclaman adalides de las libertades públicas, tras bastidores son los primeros que al dirigir los medios de comunicación propician la censura y la cortapisa atentando seriamente con la libertad de expresión que convenientemente dicen defender.

Si en el allanamiento practicado a la casa, las oficinas y los medios del señor Guillermo Gómez se encontraron evidencias que corroboran la denuncia que motivó la medida, procede el sometimiento de los responsables a la acción de la justicia.

Si se hayan pruebas y no se actúa judicialmente, el Ministerio Público y la fuerza pública habrán procedido de manera irresponsable y condenable. En cambio, si en el allanamiento no se hallaren evidencias y pruebas concretas, deben hacerse las aclaraciones de lugar y desagraviar públicamente a los afectados. Eso es lo justo en cualquier régimen que se precie de democrático.

Publicado en AlMomento.net el 29 de febrero de 2012.