Corrupción y doble moral

Uno de los personajes que en los últimos años ha tenido mayor exhibicionismo mediático en nuestro país, y que se caracteriza por su estridencia, sensacionalismo y especulación en sus denuncias y acusaciones en contra de dirigentes políticos de oposición y del propio gobierno del PLD, así como de sectores empresariales  y personalidades reconocidas de la vida pública, en una reciente entrevista televisiva tronó por enésima vez en contra del Procurador General de la República, por el sometimiento que hiciera el Ministerio Público al señor Elías Wessin Chávez, ex administrador general de Bienes Nacionales.

Sostenía el poderoso y rutilante personaje que la acusación de corrupción contra Elías Wessin Chávez no procedía en tanto que, “de los doscientos millones de pesos que formaban parte de la acusación, ciento cincuenta corresponden al pago de nominillas y al clientelismo político”, y que, como “eso es parte de la cultura política” nacional, esa acusación era “tomar piedras para los más chiquitos”.

Como se ve, se trata evidentemente de una posición de doble moral en cuanto al tema de la corrupción pública se refiere. En vez de alentar y apoyar decididamente toda acción del Procurador General de la República que tienda a sancionar y eliminar prácticas de corrupción e irregularidades administrativas vigentes en el Estado dominicano, se le acusa de “selectividad” porque se trata de un expediente que se origina en la gestión de gobierno del doctor Leonel Fernández.

De seguro que si ese expediente y otros que actualmente se ventilan en la justicia, y que vinculan a funcionarios importantes de la gestión del presidente Fernández, correspondiesen a un funcionario público afiliado, aliado, amigo o simpatizante del principal partido político de oposición, se montaran campañas mediáticas impresionantes durante semanas y meses, como la que ahora está en curso en contra del procurador Domínguez Brito, precisamente porque ni siquiera se quiere que se investiguen las denuncias o querellas de corrupción de la pasada gestión de gobierno.

Lo mismo ocurre con el espinoso problema del narcotráfico. La partidarización del problema ha venido desacreditando la lucha contra el flagelo y a muchos de sus autoproclamados zares. 

Y es que se escandaliza hasta la saciedad a la opinión pública cuando se trata de un caso que pudiera afectar la imagen de un partido opositor o adverso, y en cambio se calla, se justifica y se encubre cualquier escándalo que perjudique o salpique al gobierno o partido al que se sirve.

En estos momentos los cañones ponzoñosos de quienes don Álvaro Arvelo hijo denomina los “abogados del odio”, enfilan en contra del prestigioso y bien valorado Procurador General de la República, Dr. Francisco Domínguez Brito, por éste ceñirse, simple y llanamente, al cumplimiento de su deber, sin distingos de militancia política ni de intereses partidarios. 

Esa campaña montada en contra del procurador Domínguez Brito persigue doblegarlo y hacerlo retroceder en la investigación de denuncias de corrupción serias y graves, que tienen como sustento legal a auditorías de la Cámara de Cuentas, bajo la premisa de que las mismas están movidas por sus supuestas aspiraciones presidenciales de éste.

Se busca chantajear políticamente al procurador Domínguez Brito en los medios de comunicación, bajo el supuesto de que procesar a determinados personajes equivale a dividir al presidente Danilo Medina de Leonel Fernández.

Más todavía, los últimos ataques intentan descalificarlo moralmente utilizando como chivo expiatorio un expediente judicial en el cual un hermano suyo funge como abogado.

El mensaje es: “procurador, no investigues ni instruyas expedientes de corrupción que vinculen a funcionarios del gobierno anterior, porque estarías afectando la imagen del líder y creando división entre él y Danilo, ocúpate de desempolvar o fabricar expedientes y auditorías del gobierno de Hipólito Mejía”. Y, “si vas a instruir expedientes de corrupción que planteen irregularidades administrativas “culturales” en las instituciones del Estado, deja eso, que es parte de la cultura política, del congreso, de los ayuntamientos, etc….”

Por supuesto que la mayoría de los ciudadanos sensatos y conscientes de este país no estamos contestes con una posición de esa naturaleza, porque al Procurador General de la República y al Ministerio Público debe permitírsele actuar libremente, conforme a sus facultades constitucionales y legales, sobre todo por quienes pretenden defender la gestión del presidente Leonel Fernández y ocupan funciones públicas importantes en el gobierno desde hace muchos años .

No es con ataques al Procurador General de la República, ni con manipulaciones ni especulaciones político-partidistas ni personales que tendremos una lucha anticorrupción verdaderamente efectiva e institucionalizada.

Los acusados de corrupción del gobierno anterior, si no tienen nada que ocultar, si han actuado de manera transparente y honesta en el ejercicio de sus funciones públicas, que se defiendan públicamente y en las instancias judiciales, que de seguro saldrán absueltos y se aclararan las acusaciones, mucho más en la presente coyuntura donde para nadie es un secreto la influencia del oficialismo en todos los poderes públicos, por lo que sería un absurdo alegar persecución política.

Si las nominillas o pagos con fondos públicos a gente que no rinde un servicio al Estado constituyen actos violatorios a las leyes, que se conozcan en la justicia y se establezcan responsabilidades y sanciones. 

Si ha habido sobrevaluaciones de obras, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, desfalco, fraude contra el Estado, que se le permita trabajar al Ministerio Público en las investigaciones y en la instrumentación de los casos.

Que sean los jueces que establezcan la verdad e impartan justicia y no las voces interesadas que se pasean por los canales de televisión y los medios escritos y radiales despotricando contra medio país y hasta contra funcionarios del PLD de reconocida solvencia moral y profesional, como en su momento ha ocurrido con Rafael Camilo y Héctor Valdez Albizu, entre otros, por intereses profesionales y personales. 

Si es que de verdad se quieren ofrecer al país ejemplos de transparencia, seriedad, institucionalidad y moralización a la sociedad, la lucha anticorrupción necesita que sea principalmente a los funcionarios del propio partido gobernante y del propio gobierno a quienes se escrute, se investigue y se sancione cuando corresponda, y no persiguiendo ni acosando en los medios de comunicación a ex funcionarios que están en la oposición desde hace casi diez años.

La actuación del Ministerio Público no puede estar condicionada por intereses partidistas ni personales de "semidioses" de la política vernácula, adictos por demás a la figuración pública. 

Nada desacredita más las actuaciones del Ministerio Público y la política anticorrupción que cuando se someten a la justicia a dirigentes políticos que apoyaron a la oposición en el pasado proceso electoral, como es el caso de Ángel Lockward, Amable Aristy Castro, Héctor Rodríguez Pimentel y José Enrique Sued (a quienes no defiendo ni conozco personalmente), entre otros, y en cambio se pretende que a ningún funcionario del gobierno del PLD ni siquiera se investigue, no obstante el astronómico crecimiento patrimonial que reflejan determinadas declaraciones juradas de bienes, falseadas por demás como ha quedado evidenciado en reportajes de investigación periodística.

El procurador Domínguez Brito que siga haciendo su labor con la competencia, idoneidad, integridad y prudencia que le caracterizan, que no haga caso a las presiones, que investigue cada denuncia o sometimiento de corrupción sin distinción de partidos ni tendencias, conforme a las facultades que le confiere la Constitución y las leyes, que de seguro contará con el respaldo mayoritario de la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y la impunidad, del abuso, la arbitrariedad, el cinismo, la manipulación, la especulación maliciosa, el chantaje y la doble moral.

Publicado en AlMomento.Net el 4 de febrero de 2013.