Los mecanismos de participación popular en la Constitución

Por Erick Barinas

Existen mecanismos  clásicos de participación ciudadana y consulta popular, como son el Referéndum y el Plebiscito, mediante los cuales los gobiernos consultan al pueblo sobre determinados temas de trascendencia política y social.

En algunos países – caso del referéndum revocatorio en Venezuela -, estas consultas tienen un carácter vinculante, es decir, que el voto de la mayoría de los electores es de cumplimiento obligatorio y pueden revocar el mandato a un Presidente en funciones, pero en la mayoría de los países el Referéndum se aplica para la aprobación o desaprobación de leyes o reformas constitucionales.

Estos mecanismos de consulta y participación directa de los ciudadanos no siempre han estado consignados en las Constituciones, y a veces, sin estar establecidos en ella, se han empleado para consultar a los ciudadanos sobre asuntos delicados o controversiales. Por ejemplo, el gobierno de Buenaventura Báez sometió a plebiscito su proyecto de arrendamiento de la Bahía de Samaná, así como el Proyecto de Anexión del país a los Estados Unidos, y aunque fue aprobado porque el gobierno amañó el proceso de votación, finalmente no lo fue por el Senado norteamericano gracias a la oposición de figuras como Charles Sumner.

Es preciso hacer la distinción entre estas dos figuras, pues mientras el Plebiscito es utilizado por el gobierno para someter a consideración del pueblo acciones o decisiones muy importantes para la vida del país o de una comunidad antes de su ejecución (situaciones de hecho), por su parte, el Referéndum permite al pueblo emitir su voto para aprobar o rechazar la concepción, modificación o derogación de una ley.  Ambas figuras tienen su origen en la Roma antigua: Plebiscito viene del latín plebiscitum (ley promulgada por la gente común) y Referéndum de referre, que significa referir.

La reforma constitucional del año 2010 consignó en el texto constitucional la iniciativa legislativa popular en su Artículo 97, como un mecanismo innovador de participación de la población en las labores legislativas.

Dicho artículo dispone lo siguiente: “Artículo 97. Iniciativa legislativa popular.  Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa.”

Uno de los mecanismos más innovadores de participación social en los  procedimientos de formulación de políticas públicas que se estableció en la reforma constitucional del año 2010,  se encuentra en el capítulo relativo al régimen municipal, específicamente en los artículos 203 y 206 de la Constitución.

El primero de esos artículos dispone lo siguiente: “Artículo 203. Referendo, plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”.

El Artículo 206, por su parte, consigna: “Artículo 206. Presupuestos participativos. La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad  ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

La reforma constitucional del año 2010, instituyó un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral en el Artículo 251 de la Constitución, el cual rije de la manera siguiente: “Artículo 251. Consejo Económico y Social. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley”.

En lo relativo a las consultas populares y al procedimiento de reforma constitucional, en la reforma constitucional del año 2010 se estableció el Referendo y el Referendo Aprobatorio en los artículos 210 y 272 de la Constitución, los cuales consignan lo siguiente:

Artículo 210. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones:

1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada;

2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes de cada cámara.

“Artículo 272. Referendo Aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías, derechos fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora”.

Párrafo I. La Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal.

Párrafo II. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO”.

Párrafo III.- Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional  Revisora.”

Como puede observarse, con excepción del Consejo Económico y Social, el cual se encuentra actualmente en funcionamiento, los demás mecanismos de consulta y participación popular requieren, para poder implementarse, de la aprobación de leyes especiales en virtud de los artículos 97, 203 y 210 de la Constitución.

En consecuencia, si realmente nuestros dirigentes políticos y representantes legislativos  quieren que se fortalezca la participación de la sociedad en la democracia dominicana, si desean hacer cumplir de manera efectiva los mandatos, principios y prerrogativas que establece la Constitución dominicana, deben propiciar que el Congreso Nacional se avoque a aprobar las leyes que regularán la iniciativa legislativa popular, la Ley Orgánica de Administración Local y el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal, así como las consultas populares mediante el referendo, porque así se estableció en nuestra Carta Magna en la reforma del año 2010.

Publicado en AlMomento.Net el 8 de noviembre de 2016