Difamación a mansalva

Hasta hace apenas unos años el ejercicio del periodismo y de la comunicación social se ejercía, en sentido general, con ética, prudencia, cuidado y respeto por el honor y la honra de las personas y las personalidades públicas, y no por ello dejaba de ser crítico y combativo.

Sin embargo, cuando se producían excesos eran pocos los sometimientos por difamación e injuria que encontraban en los tribunales un fallo condenatorio para el infractor, en parte por el poder e influencia de los propietarios de medios de comunicación, quienes eran co-demandados civilmente antes de que se declararan inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Aunque tímidamente, esto ha ido cambiando en los últimos años ya que podemos encontrar por lo menos diez sentencias condenatorias importantes que han establecido sumas indemnizatorias millonarias en contra de figuras públicas y comunicadores que se han excedido en el ejercicio de la opinión pública y del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento cometiendo el delito de difamación e injuria en perjuicio del derecho al honor y la buena imagen de funcionarios y personalidades públicas sin presentar un mínimo de evidencia y hasta falsificando documentos bancarios para atribuirle depósitos millonarios en euros en un banco de Dinamarca a la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño.

Lamentablemente, la difamación, la injuria, la calumnia artera y de baja estofa ha sido tradicionalmente parte del ejercicio de la vida pública en nuestro país, sin mayores consecuencias judiciales en la mayoría de los casos.

Casi ninguna figura histórica de nuestro país ha escapado a la difamación y a la acusación sin fundamento. Ni siguiera Juan Pablo Duarte, el Padre de la Patria, acusado y calumniado hasta en su sexualidad, simplemente porque murió sin haberse casado y sin dejar descendencia reconocida.

En la época pos dictadura de Trujillo, ningún expresidente y líder político importante ha escapado de una acusación difamatoria, injuriosa, falaz o calumniosa. 

Por ejemplo, al expresidente Balaguer, el periodista Daniel Adriano Gómez, instigado, según él, por su primo, el entonces presidente en ejercicio Salvador Jorge Blanco, conforme admitiera en una carta dirigida a una reportera de El Caribe en fecha 22 de febrero de 2015, acusó al líder reformista de poseer 30 millones de dólares en Grand Caimán en el año 1986, lo que resultó ser una denuncia infundada que, posteriormente, una vez descendió del solio presidencial, pagaría con creces y con cárcel el abogado y político santiaguero.

Al profesor Juan Bosch, muy probablemente el presidente más pulcro y honesto que ha tenido nuestro país, años después de su breve ejercicio gubernamental se le acusó cobardemente de “traficar con chinos”, entre otras campañas de descrédito de la peor ralea que se organizaron en su contra.

Al doctor José Francisco Peña Gómez y a la doctora Milagros Ortíz Bosch, en una ocasión intentaron asociarlos con el tráfico de drogas en medio de una campaña electoral en base a intrincadas elucubraciones y maquinaciones.

Al expresidente Hipólito Mejía, quien en 2012 viajó a México a una Feria Agropecuaria siendo candidato presidencial, lo acusaron de ir a Sinaloa a reunirse con narcotraficantes y de que el piloto del avión que lo transportó era el piloto del Chapo Guzmán.

Al expresidente Leonel Fernández le organizaron una campaña que tuvo como voz cantante a un acusado de narcotráfico apresado y extraditado precisamente en su gobierno, quien después de haber cumplido condena en Estados Unidos lo acusó de haber recibido dinero de él y de deberle unos 200 millones de pesos.

Al expresidente Danilo Medina sólo hay que poner su nombre en la plataforma de Youtube para observar impunemente videos con toda clase de acusaciones personales y especies que traspasan las fronteras del debate público y el interés ciudadano.

Esa característica negativa y vergonzosa de la vida pública nacional, que tiende a descalificar moralmente y a difamar al adversario político, al funcionario que no cede ante un interés particular o empresarial, o al que simplemente disiente ideológica o intelectualmente, ha tomado un auge inusitado con las redes sociales, los periódicos virtuales y los canales digitales que proliferan como la verdolaga en Youtube.

Allí no hay filtro ni límites, y lo peor, como diría Umberto Eco refiriéndose a las redes sociales, “legiones de idiotas” opinan sin el más mínimo criterio y sin el más mínimo respeto por nada ni por nadie.

Asimismo, el sensacionalismo, el amarillismo y el muchas veces mal llamado “periodismo de investigación”, que frecuentemente deviene en un periodismo de distorsión y extorsión carente de ética que a algunos ha generado fabulosas fortunas, ha potenciado el desenfreno y la falta de escrúpulos en el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como la comunicación mercantilista basada en la denuncia sesgada, interesada, maliciosa, destructiva, artera y no pocas veces infundada e injuriosa. 

Esto último es penoso, ciertamente, porque la mayoría de los supuestos paladines de la moral pública en los medios de comunicación dicen  procurar la transparencia y la pulcritud en la administración de los recursos públicos, pero no ejercen transparentemente ni con objetividad, ética y profesionalidad la comunicación social.

En la mayoría de los casos no defienden ni procuran la verdad. Defienden intereses económicos muy específicos, a veces espurios, y sus propios y particulares intereses, sin parar mientes en la reputación y la imagen de ciudadanos serios y honrados.

Procuran audiencia, anunciantes, likes y seguidores en las redes en base a la generación de escándalos mediáticos y altisonantes acusaciones de corrupción muchas veces infundadas que no resisten un simple contraste con las leyes y con otras evidencias, como ha quedado documentado cuando algunos de esos expedientes se someten al escrutinio y al rigor probatorio y jurídico de alguno de los jueces independientes de nuestro aparato judicial.

Lo que se logra con esa clase de periodismo y comunicación social es que cada vez menos profesionales calificados y honestos se acerquen a la actividad política y a la función pública, y que las distintas funciones del Estado caigan a manos de personas sin el perfil profesional y las condiciones morales para desempeñarlas.  

La civilización del espectáculo de que habla Mario Vargas Llosa ha convertido un oficio y una profesión tan noble e importante como el periodismo en un lucrativo negocio, y la libertad de expresión, con las redes sociales, en una guillotina del derecho al honor y de la decencia.