El derecho internacional de la fuerza y los misiles

En pleno siglo XXI, luego de 81 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y de haber transcurrido 36 años del final de la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, asistimos a la época del retorno de las invasiones militares a gran escala para procurar la ocupación y anexión de espacios territoriales de países soberanos, como en el caso de la invasión del gobierno autocrático de Vladimir Putin a Ucrania, que ya supera los tres años de guerra.

El actual gobierno norteamericano también ha retomado la práctica del derrocamiento de jefes de Estado extranjeros por vía de misiones militares unilaterales, para juzgarlos en su país, en violación de los principios universales de soberanía, no intervención y territorialidad de las leyes - entre otros -, bajo cargos de “narcoterrorismo”, como ha ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela, nada más y nada menos que en nombre de la libertad y la democracia.  

El derecho internacional, el principio de no intervención de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y las vías diplomáticas, también han sido desconocidos una vez más en el caso del ataque norteamericano e israelí a Irán, que no solo produjeron la muerte de su jefe de Estado y parte de su familia mediante un bombardeo de misiles, sino el anuncio posterior del presidente estadounidense de “yo elegiré su sucesor”. Precisamente, décadas atrás el poder político norteamericano había auspiciado el ascenso del ayatolá Alí Jameneí.

Pues bien, según reportes de medios acreditados, en los primeros dos días del ataque a Teherán murieron más de tres mil iraníes, incluyendo una escuela repleta de niñas.

Hay que señalar que, en el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ciertamente empobreció a la mayoría de los venezolanos a pesar de la enorme riqueza petrolera de ese país, encarceló ciudadanos por razones políticas, acosó a líderes de oposición y su última “victoria” electoral dejó un mal sabor a fraude a nivel nacional e internacional.

No obstante, esa situación no justifica que el gobierno de Estados Unidos, de manera unilateral, enviara una misión militar a ese país para capturar a su gobernante en ejercicio y procesarlo junto a su esposa en suelo norteamericano bajo cargos criminales, llevándoles a cárceles de máxima seguridad, en violación a los más elementales principios universales del derecho internacional, constitucional y penal general.

Pero independientemente de que el apresamiento de Maduro y su esposa por una misión militar norteamericana se hiciera vulnerando los principios del derecho internacional, y sin ánimos de defenderlo, si se analizan los cargos que se le imputan se observará que hoy por hoy no se han presentado evidencias creíbles en los medios de comunicación más independientes y serios sobre alguna acción que pueda considerarse como “terrorista” ordenada o financiada por Maduro contra Estados Unidos.

Es decir, ¿cuándo ordenó o financió Maduro un ataque terrorista a Estados Unidos, y en qué medio de comunicación se reseñó ese hecho?. Si hablamos de acciones terroristas que se le atribuyen contra grupos o poblaciones venezolanas, entonces habría que preguntarse, ¿tiene Estados Unidos jurisdicción para juzgarlo por hechos cometidos en Venezuela?, ¿cuál instrumento jurídico internacional le concede esta jurisdicción?.

En cambio, lo que si son hechos públicos conocidos son los misiles que lanzan las fuerzas armadas norteamericanas contra lanchas en aguas territoriales extranjeras y que literalmente desintegran a sus tripulantes, bajo el alegato de que transportan drogas cuyo destino final hipotéticamente sería territorio estadounidense. ¿Acaso no constituyen estas ejecuciones extrajudiciales actos que infunden terror y que deberían de mover a estupor a los organismos internacionales de derechos humanos y a todo aquél que conozca mínimamente los principios generales y universales del Derecho, empezando por el debido proceso que tanto se invoca en los informes del Departamento de Estado y otras agencias similares que suelen censurar a los países en desarrollo por la violación de estos derechos?.

Cabría preguntarse, ¿cuál sería la reacción que tendría el gobierno de Estados Unidos si esos misiles fueran dirigidos por Alemania, Japón, Francia, Rusia, Brasil o China contra lanchas y ciudadanos norteamericanos, incluso en aguas territoriales de esos países?, ¿acaso no generaría esto un escándalo diplomático y político mayúsculo, y probablemente hasta una guerra?

Resulta deprimente ver cómo el presidente de la nación más poderosa del mundo, que se considera la “primera democracia” y la “líder del mundo libre”, exhibe como trofeos en sus redes sociales los videos de los asesinatos con misiles de los tripulantes de las referidas lanchas, presumiblemente colombianos, venezolanos, centroamericanos, en aguas territoriales del Caribe.

Por supuesto, ni por equivocación se dirige algunos de esos misiles hacia las mansiones de los norteamericanos dueños del negocio de narcotráfico en Estados Unidos, ni hacia los dueños de los bancos que lavan los miles de millones de dólares que produce el narcotráfico internacional, cuyo mercado más voraz a nivel mundial es precisamente el de ese país.

De su lado, las propias declaraciones de las autoridades norteamericanas posteriores al derrocamiento de Maduro y del magnicidio del ayatolá Alí Jameneí, revelan que el propósito principal de las citadas acciones militares, más que procurar la libertad y la democracia en Venezuela e Irán, lo es el control de la industria petrolera de esas dos naciones dignas de mejor suerte.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno norteamericano dejó instalada en el poder nada más y nada menos que a la vicepresidenta de Maduro, así como a todos sus funcionarios, y luego el presidente estadounidense sentenció públicamente que “no habrá elecciones por ahora”. 

En otras palabras, el mensaje a los venezolanos es de que se olviden de elecciones libres y de democracia por todo este tiempo, y que se conformen con la liberación de presos políticos y un poco más de libertad y apertura económica, además del encarcelamiento de Maduro y su esposa hasta que un juez de 100 años de la Corte de Nueva York les imponga 80 años de prisión o cadena perpetua. O que ocurra que, a cambio de la liberación o mitigación de la pena de su esposa, Maduro se declare culpable de los cargos que se le han formulado y asuma solo él la condena sin que se debatan “las pruebas” de las acusaciones de “narcoterrorismo” en el marco de un debido proceso que garantice el derecho de defensa del acusado.

Sobre las acusaciones, es sintomático el hecho de que, apenas horas de su captura, las autoridades antidrogas norteamericanas admitieron que no existía “el cártel de los soles”, cuyo liderazgo se atribuyó a Maduro, y que eso era una especie de “metáfora”.

Asimismo, el presidente norteamericano admitió en una rueda de prensa que el gobierno norteamericano le había ofrecido al expresidente venezolano que renunciara a su cargo y se fuera con su familia a residir a Turquía, lo que de alguna forma revela la dudosa objetividad de los cargos criminales que justificaron su derrocamiento y bajo los cuales se encuentra encarcelado en una cárcel de máxima seguridad.

Pero no hay que llamarse a engaño. La sentencia de culpabilidad de Maduro ya está redactada, incluso por el cargo de “terrorista”, aunque nunca se haya reportado algún ataque terrorista en Estados Unidos por orden suya, o financiado por él o su gobierno.

La política internacional agresiva de la administración de Trump también se manifestó con la amenaza a Canadá con convertir ese país en un Estado más de los Estados Unidos, con la imposición de altos aranceles a la mayoría de los países europeos – sus aliados tradicionales –, con la guerra comercial con China que tuvo que apaciguar por las repercusiones económicas nefastas que inmediatamente se produjo en los mercados internacionales, y luego con la amenaza de ocupar y anexarse a Groenlandia, lo que provocó que aliados históricos de Estados Unidos como Francia desplieguen fuerzas militares a esa isla en apoyo de Dinamarca.

Por cierto, a la luz de la nueva realidad internacional, hace unos días el presidente Macrón pronunció un dramático discurso desde la base militar y nuclear más secreta de Francia en el que anunciaba al mundo el incremento de la producción de bombas nucleares y que su gobierno no daría más información sobre la cantidad de su arsenal nuclear, e invitaba a las naciones europeas a adherirse a su plan, a lo que inmediatamente seis países importantes de Europa respondieron positivamente.

Y es que, aparte del aumento de aranceles, previamente el gobierno norteamericano le había dado la espalda a Europa y a Ucrania con el respaldo abierto a Putin y con el retiro de la ayuda militar y económica a los ucranianos frente a la invasión militar desigual rusa que incluye la destrucción de ciudades enteras y de sectores residenciales habitados, cuyas imágenes y videos dantescos recuerdan el genocidio nazi y las destrucciones y muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial.  

En ese orden, los acuerdos que había logrado la administración de Barack Obama con Irán y que habían llevado paz al Medio Oriente durante varios años, de buenas a primeras se rompieron con el envío de misiles norteamericanos e israelíes a Teherán, provocando una guerra que ya se extiende más allá del territorio de Irán e Israel y que trajo como consecuencia inmediata un aumento brusco en el precio internacional del petróleo, en virtud de que Irán es el séptimo país productor del mundo y por el Estrecho de Ormuz, bajo su control territorial, transita el veinte por ciento de la producción global del crudo.

Desde que comenzó la guerra también se produjo un aumento en el precio de gas natural por el orden del 70%, y una crisis en el suministro del gas natural licuado por los ataques de Irán a las plantas de QatarEnergy, en Qatar, principal productor del mundo de GNL.

Lo irónico es que los dictadores y autócratas de los países que realmente poseen armas nucleares – no las inexistentes que se le han atribuido a Irak e Irán para justificar el bombardeo a esas naciones –, como Putin, Xi-Jinping y Kim Jong-un, reciben un tratamiento respetuoso, cuando no amistoso o de socios, del actual gobernante norteamericano.

Así las cosas, y ante la negativa unánime de Europa – incluyendo al Reino Unido –, de sumarse a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente norteamericano ahora llama “cobardes” a sus gobernantes y los amenaza con disolver la OTAN, por lo que el escenario internacional no puede ser más complicado y preocupante, ya que implica muchos factores importantes, entre ellos: 1. La sustitución del derecho internacional y de los escenarios diplomáticos multilaterales por la guerra, sin importar la paz, las vidas inocentes que cueste y las consecuencias económicas, sociales y humanitarias que tienen esas acciones para el resto del mundo. 2.  El profundo deterioro de las relaciones históricas entre Europa y Estados Unidos. 3. El incremento de la producción de bombas nucleares anunciada por Francia y seis países de la Unión Europea. 4. El alza más grande del precio del petróleo y del gas natural en las últimas décadas con sus consecuencias negativas hacia la población mundial, sobre todo a las que dependen cien por ciento de la importación de esos productos. 5. El anuncio de Putin de que no venderá gas natural a Europa en represalia por las sanciones que le impusieron a Rusia por la invasión a Ucrania.  

Producto de la política internacional de Rusia, Estados Unidos e Israel, el derrotero de la humanidad actualmente se presenta sombrío, y solo si los líderes de esos países asumen una postura de respeto los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, así como al diálogo diplomático multilateral, es posible desescalar la guerra en Ucrania y el Medio Oriente y las consecuencias económicas negativas que están teniendo a nivel mundial, que incluye a la economía y a la población estadounidense.

No en vano la Carta de la Naciones Unidas, en su artículo 2.1 y 2.3 establece que “1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 2. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.”